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El agua y los conflictos territoriales

 

El agua es imprescindible para la vida humana, pero al mismo tiempo, un recurso escaso por el cual compiten no sólo las poblaciones sino también los sectores productivos y los ecosistemas naturales. Sin embargo, sorprendentemente, el reconocimiento del derecho al agua llegó de manera muy tardía en el año 2010, cuando las Naciones Unidas declararon el acceso al agua potable y al saneamiento un derecho fundamental de las personas.

El reconocimiento del agua como derecho (y no sólo como necesidad) implica, en el fondo, admitir que el agua no debe ser un bien de mercado, regulado exclusivamente por las leyes de la oferta y la demanda. Pero además, implica directamente un compromiso ineludible para los gobiernos, precisamente el de garantizar a sus ciudadanos ese derecho mediante las políticas públicas. De hecho, el acceso al agua fue incluido hace tiempo entre los Objetivos del Milenio considerándolo de facto un elemento esencial para el desarrollo de los pueblos.

Según el último informe de las Naciones Unidas, a pesar de los avances, más de 700 millones de personas en el mundo carecen todavía de un acceso seguro a agua potable. No cabe duda de que la escasez de agua y el control de este recurso se ha convertido en la actualidad en motivo de graves conflictos territoriales. El propio Koffi Anan, siendo secretario general de las Naciones Unidas en 2001, ya alertó de que la dura competencia por los recursos hídricos podría devenir en una causa de conflictos o incluso de guerras en el futuro.

Existen grandes desigualdades en el suministro y acceso al agua, pero la proliferación de pugnas y disputas no distingue entre países ricos y empobrecidos, puesto que se trata de una problemática ambiental universal. Así, hallamos por todo el globo conflictos relacionados con diversos factores tales como los procesos de privatización, la competencia por su uso, la contaminación, sobreexplotación o la construcción de grandes infraestructuras hidráulicas.

En el caso español, asistimos recientemente al enésimo conflicto surgido por la aprobación del nuevo Plan Hidrológico para la cuenca del Ebro, que prevé el trasvase de grandes caudales de agua hacia otras zonas del Estado, una operación ya prevista (aunque posteriormente paralizada) en el Plan Hidrológico Nacional de 2001. El debate sobre el trasvase del Ebro pone sobre la mesa tanto argumentos ambientales (supervivencia de los ecosistemas del delta) como socio-económicos (afectaciones al sector agrario, como arroceros, viveros de moluscos o comunidades de regantes).  

A escala mundial podemos hallar conflictos por el agua mucho más palpables y cruentos, como en las cuencas de los ríos Nilo o Níger (en África), amplias extensiones de tierra fértil donde se concentran numerosos proyectos de regadío a gran escala por parte de grandes corporaciones. Las pugnas por el agua se han visto agravadas en los últimos años por los efectos del cambio climático, que ha hecho aumentar los fenómenos meteorológicos extremos como las sequías y las olas de calor.

Cabe recordar que las fronteras políticas no suelen coincidir con las fronteras naturales geográficas, con lo cual la mayor parte de los países del mundo obtienen sus recursos hídricos de cuencas o acuíferos compartidos. Es decir, los recursos hídricos son transfronterizos; las corrientes de agua no entienden de aduanas o soberanías políticas. Esto genera una interdependencia hidrológica entre las distintas entidades territoriales, que se ven obligadas a compartir un recurso vital. Este hecho, junto con su creciente escasez, convierte al agua en un bien tan preciado como disputado.

Así pues, la planificación y gestión de los recursos hídricos se convertirá, en muchos países, en una cuestión central para el desarrollo y la calidad de vida de la población, una tarea que no podrá obviar la ordenación territorial.

Hasta el momento, la estrecha interrelación entre agua y territorio no ha sido suficientemente considerada en las políticas de planificación, que habitualmente ha “desterrado” (o “desterritorializado”) al agua convirtiéndola en política sectorial (planificación y gestión hídrica). Y sin embargo, la planificación y gestión integrada de las políticas territoriales e hidrológicas puede ser un paso importante en el camino de superación de numerosos conflictos territoriales, así como para alcanzar una gestión sostenible del agua y un desarrollo territorial más equilibrado.

Berezi Elorrieta

Profesora del Máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental

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