Paisaje y territorio: un binomio con horizontes comunes
El paisaje ha irrumpido en los últimos años como nuevo concepto ligado a diversas políticas públicas, ya que su concepción transversal obliga a una comunicación constante con las políticas patrimoniales, turísticas, de desarrollo rural, ambiental y territorial en general. En efecto, el término paisaje presenta todavía un significado algo difuso.
El paisaje es, en realidad, una construcción social, en la medida en que no se trata de una simple realidad física sino también la representación que culturalmente hacemos de ella. Este componente identitario y de percepción social que conlleva el concepto de paisaje tiene consecuencias muy importantes para su regulación por parte de los poderes públicos, y de gran potencial para las políticas territoriales, por ejemplo a la hora de vehicular la participación ciudadana en los procesos decisionales relacionados con intervenciones sobre el territorio.
Sin duda, la preocupación por el paisaje ha crecido significativamente en las dos últimas décadas, no sólo en el ámbito académico sino también institucional y social. Las grandes transformaciones de los usos del suelo y la concepción del territorio como bien de consumo para el ocio y el turismo, unidos a una mayor conciencia social por los problemas ambientales, han puesto sobre la mesa la necesidad de protección y regulación de ciertos entornos paisajísticos.
En la escala europea, los estudios más recientes revelan que, en la actualidad, aproximadamente un 4% de su superficie es suelo artificial. El proceso de artificialización del suelo en las últimas dos décadas ha sido muy acentuado, y además, la superficie urbanizada crece en mayor proporción que la propia población urbana, un dato que refleja un modelo de urbanización cada vez más disperso con repercusiones directas sobre la fragmentación del paisaje.
La preocupación por las transformaciones del paisaje se convirtió finalmente en recomendaciones políticas de diferentes documentos y órganos europeos. En el año 2000 se firmó en Florencia (Italia) el primer tratado internacional dedicado específicamente a la protección y regulación del paisaje: el Convenio Europeo del Paisaje (CEP). El CEP establece que el paisaje puede ser objeto de derecho, y efectivamente, anima a los Estados a su desarrollo normativo y a integrar el paisaje en los instrumentos de planificación, especialmente en la planificación territorial y urbana.
En este contexto de creciente interés y preocupación, el Estado español no ha sido una excepción, y se ha sumado a numerosos países de escala europea e internacional en la puesta en marcha de políticas dirigidas a la protección y regulación del paisaje.
Según el Atlas de los Paisajes de España, contamos con una gran riqueza paisajística, producto de nuestra posición geográfica y de los distintos modelos de desarrollo. Sin embargo, en las última décadas se han producido trascendentales cambios económicos y sociales con profundas implicaciones ambientales y territoriales, y el proceso de artificialización del suelo de las últimas décadas (causado fundamentalmente por la urbanización dispersa) ha sido incluso más pronunciado que en la mayoría de países europeos.
La intensidad y la rapidez de los cambios experimentados por los paisajes españoles ha propiciado un creciente interés por la creación de instrumentos para la protección y regulación del paisaje. Estos instrumentos se han desarrollado mayoritariamente en la escala regional, es decir, han sido promovidos por las Comunidades Autónomas. Así, hemos asistido a un proceso bottom-up, donde algunas CCAA decidieron tomar la iniciativa y se adelantaron al gobierno central. Desde la aprobación del CEP, cada vez más regiones están desarrollando avances relacionados con el ordenamiento jurídico, la identificación, la ordenación o la protección de su patrimonio paisajístico. No obstante, a menudo se trata de medidas aisladas y fragmentarias, que en ausencia de un marco común (un plan o estrategia de paisaje), tienen efectos limitados.
En definitiva, el informe “Paisaje y territorio: un binomio con horizontes comunes” pretende mostrar una visión panorámica de los avances que se han dado en España en materia paisajística en los últimos años. Dichos avances se han estudiado a escala de Comunidad Autónoma y desde diversos puntos de vista, no sólo en cuanto al desarrollo de un marco legal sino también de instrumentos de regulación como estrategias, planes u otras herramientas de identificación y análisis.
Los resultados muestran que, desde la aprobación del CEP, cada vez más regiones están desarrollando avances relacionados con el ordenamiento jurídico, la identificación, la ordenación o la protección de su patrimonio paisajístico. No obstante, a menudo se trata de medidas aisladas y fragmentarias, que en ausencia de un marco común (un plan o estrategia de paisaje), tienen efectos limitados. Es por ello que se afirma que en España queda todavía un largo camino por recorrer en relación a una política de paisaje eficaz, integral y transversal.
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Berezi Elorrieta